El pasado viernes, alrededor de las 17 horas, un grupo de personas se dirigió al domicilio particular del abogado Américo Ocampo para escracharlo y, según consta en la denuncia que presentó el profesional, amenazarlo e insultarlo.

Ese día, el grupo de personas se dirigió a la casa céntrica con carteles, panfletos, megáfono y tambores exigiendo "justicia, casa y trabajo" para las personas que fueron desalojadas el 24 de agosto de este año. El tenso desalojo ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Roque Sáenz Peña al 43, en el que además funcionaba un estacionamiento.

Según pudo saber, el abogado denunció insultos, coacción, amenazas y escraches a raíz del expediente sucesorio en el que interviene como abogado. La sentencia de desalojo está firme desde 2003 y desde entonces no se pudo concretar hasta agosto de este año.

Martín Alberto Marín, asesor legal de la Defensoría del Pueblo, se dirigió al lugar el día de la orden judicial para conocer la situación de la familia, sin embargo hasta el momento las personas desalojadas no habrían recibido una respuesta concreta respecto a su situación habitacional.

La denuncia de Ocampo fue radicada en la Comisaría Segunda de Resistencia, donde manifestó temor por la situación y por la integridad física de su familia. Diario Chaco intentó dialogar con el abogado, pero manifestó su preferencia por no brindar declaraciones tras indicar: "No estoy de ánimos".

Ricardo Urturi, presidente del Consejo de Abogados, manifestó  que las personas "fueron hasta el domicilio del colega a escrachar y amenazar, cuando en la realidad hay sentencias firmes que implicaban que se lleve adelante la medida del desalojo del inmueble y el recupero por parte de los propietarios". Cabe destacar que el juez Orlando Jorge Beinaravicius fue quien dictó la Resolución.

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco repudió el hecho y rechazó "enérgicamente las acciones violentas que persiguen amedrentar a quien ha ejercido la defensa de los derechos de una parte en una causa judicial, pretendiendo alcanzar por vías de hecho lo que no se ha obtenido por los cauces legales".

"La violencia ejercida en estas circunstancias, es un peligroso antecedente que compromete el mismo acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, pues para alcanzar esos derechos humanos es fundamental que exista posibilidad de contar con una defensa técnica libre e independiente, no sujeta a ninguna amenaza ni riesgo", manifestaron desde el organismo abogadil al tiempo que manifestaron su solidaridad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DiarioChaco